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Moreno apuesta por un acuerdo nacional con el PSOE tras reconocer que las conclusiones son “malas” en el caso andaluz
La digestión del informe PISA, un doloroso diagnóstico de la educación que empuja al examen de conciencia, acaparó el día después de su publicación las reflexiones de los dirigentes políticos, en sus distintos roles, ya fuera en responsabilidades de gobierno como de oposición.
El referente político de Andalucía, su presidente, Juanma Moreno, se decantó por abogar por un pacto de Estado, que viene a ser una quimera ante el cortocircuito que existe hoy entre sus dos principales interlocutores: PSOE y PP.
Por esta misma receta apostó un homólogo de Moreno: el socialista castellanomanchego Emiliano García-Page. Frente a estas posiciones la Comunidad de Madrid habló de su “liderazgo” frente al “batacazo” de las políticas de Sánchez.
Moreno no puso paños calientes a su diagnóstico y reconoció que para Andalucía el informe es “malo”. La región está 15 puntos por debajo de la media de España en matemáticas y ciencias, y tiene 10 puntos de desventaja en comprensión lectora.
El presidente andaluz, que quiso ver un rayo de luz en el recorte del abandono escolar, aunque admitió que no era “consuelo”, sostuvo en su lectura del PISA que el dinero por sí mismo no lo arregla todo, a la vista de la posición en el informe de algunos territorios con mayor renta per cápita que la andaluza.
Descartada la palanca de un mayor gasto público en educación, Moreno puso el foco indistintamente en los hábitos familiares, como el abandono de la lectura en favor de las pantallas, como en recuperar la crítica política para calificar como un “error” los continuos cambios legales que se han hecho en España en educación.
Moreno le atribuyó al marco legal defectos como “igualar por abajo” y con ello la pérdida de la cultura del esfuerzo en materia educativa. Este diagnóstico lo compartió su consejera de Educación, Carmen Castillo, quien reclamó “darle una vuelta” a la ley de educación, la LOMLOE (Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación), a la que describió como“una repetición de la LOGSE”.
Frente a esta visión del Gobierno el PSOE andaluz reclamó la creación de un grupo de trabajo en el seno del Parlamento autonómico que propiciaría que por este escenario desfilaran todos los actores (profesorado, alumnado, familias) para dar sus recetas.
La digestión del informe PISA, un doloroso diagnóstico de la educación que empuja al examen de conciencia, acaparó el día después de su publicación las reflexiones de los dirigentes políticos, en sus distintos roles, ya fuera en responsabilidades de gobierno como de oposición.
El referente político de Andalucía, su presidente, Juanma Moreno, se decantó por abogar por un pacto de Estado, que viene a ser una quimera ante el cortocircuito que existe hoy entre sus dos principales interlocutores: PSOE y PP.
Por esta misma receta apostó un homólogo de Moreno: el socialista castellanomanchego Emiliano García-Page. Frente a estas posiciones la Comunidad de Madrid habló de su “liderazgo” frente al “batacazo” de las políticas de Sánchez.
Moreno no puso paños calientes a su diagnóstico y reconoció que para Andalucía el informe es “malo”. La región está 15 puntos por debajo de la media de España en matemáticas y ciencias, y tiene 10 puntos de desventaja en comprensión lectora.
El presidente andaluz, que quiso ver un rayo de luz en el recorte del abandono escolar, aunque admitió que no era “consuelo”, sostuvo en su lectura del PISA que el dinero por sí mismo no lo arregla todo, a la vista de la posición en el informe de algunos territorios con mayor renta per cápita que la andaluza.
Descartada la palanca de un mayor gasto público en educación, Moreno puso el foco indistintamente en los hábitos familiares, como el abandono de la lectura en favor de las pantallas, como en recuperar la crítica política para calificar como un “error” los continuos cambios legales que se han hecho en España en educación.
Moreno le atribuyó al marco legal defectos como “igualar por abajo” y con ello la pérdida de la cultura del esfuerzo en materia educativa. Este diagnóstico lo compartió su consejera de Educación, Carmen Castillo, quien reclamó “darle una vuelta” a la ley de educación, la LOMLOE (Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación), a la que describió como“una repetición de la LOGSE”.
Frente a esta visión del Gobierno el PSOE andaluz reclamó la creación de un grupo de trabajo en el seno del Parlamento autonómico que propiciaría que por este escenario desfilaran todos los actores (profesorado, alumnado, familias) para dar sus recetas.
La digestión del informe PISA, un doloroso diagnóstico de la educación que empuja al examen de conciencia, acaparó el día después de su publicación las reflexiones de los dirigentes políticos, en sus distintos roles, ya fuera en responsabilidades de gobierno como de oposición.
El referente político de Andalucía, su presidente, Juanma Moreno, se decantó por abogar por un pacto de Estado, que viene a ser una quimera ante el cortocircuito que existe hoy entre sus dos principales interlocutores: PSOE y PP.
Por esta misma receta apostó un homólogo de Moreno: el socialista castellanomanchego Emiliano García-Page. Frente a estas posiciones la Comunidad de Madrid habló de su “liderazgo” frente al “batacazo” de las políticas de Sánchez.
Moreno no puso paños calientes a su diagnóstico y reconoció que para Andalucía el informe es “malo”. La región está 15 puntos por debajo de la media de España en matemáticas y ciencias, y tiene 10 puntos de desventaja en comprensión lectora.
El presidente andaluz, que quiso ver un rayo de luz en el recorte del abandono escolar, aunque admitió que no era “consuelo”, sostuvo en su lectura del PISA que el dinero por sí mismo no lo arregla todo, a la vista de la posición en el informe de algunos territorios con mayor renta per cápita que la andaluza.
Descartada la palanca de un mayor gasto público en educación, Moreno puso el foco indistintamente en los hábitos familiares, como el abandono de la lectura en favor de las pantallas, como en recuperar la crítica política para calificar como un “error” los continuos cambios legales que se han hecho en España en educación.
